Foto:Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Las batallas por la memoria en el Perú
A cinco años de la presentación del informe de la CVR, el balance es agridulce.
En el marco del proceso judicial seguido contra el ex presidente Alberto Fujimori, el ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Carlos Iván Degregori, prestó en días pasados declaración en calidad de experto, resumiendo los principales hallazgos del informe que dicha Comisión presentó al país el 28 de agosto de 2003. “No nos quisimos dar cuenta de la tragedia que se cernía sobre todos nosotros, y por eso fuimos indiferentes y cómplices frente a la victimización de 69,000 compatriotas”, fueron las palabras que sonaron en la sala de audiencias del tribunal que deberá expedir sentencia en los casos de violaciones a los derechos humanos por los que es juzgado el autoritario ex gobernante.
Ese 28 de agosto, hace ya cinco años, el discurso de presentación del informe leído por Salomón Lerner, empezaba con una frase mayúscula: “este, señores, es un momento de vergüenza nacional”, resaltando la dureza de los hallazgos de una comisión que trabajó bajo el mandato conferido por el gobierno de transición de Valentín Paniagua y confirmado y ampliado por Alejandro Toledo. Las revelaciones de la CVR conmovieron por la crudeza y muchos se preguntaron cómo había sido posible que miles de peruanos hubieran muerto y desaparecido, sin que el Estado y las élites se dieran cuenta de la tragedia.
Las 169 recomendaciones dejadas por la CVR como hoja de ruta fueron acogidas con entusiasmo por algunos, pero con indiferencia e incluso hostilidad por otros. En un breve recuento de los temas principales, podemos señalar que el camino está sólo iniciado y que hace falta mucho más compromiso político del Gobierno para tomar en serio un informe que fue señalado internacionalmente como un ejemplo a seguir en materia de esclarecimiento de crímenes y violaciones de los derechos humanos.
La promulgación de la Ley del Programa Integral de Reparaciones, así como un conjunto de normas y procedimientos establecidos para desarrollar el programa, marcaron un hito muy positivo en la aproximación integral que la CVR propuso. Sin embargo, los avances son lentos y no están exentos de dificultades. El Gobierno ha optado por desarrollar prioritariamente las reparaciones colectivas en más de 120 comunidades identificadas como las más afectadas por la violencia, a través del financiamiento de obras de infraestructura y desarrollo. Algunas de estas obras, sin embargo, se confunden con los programas sociales que el Gobierno desarrolla normalmente. Por otro lado, el registro único de víctimas a cargo del Consejo Nacional de Reparaciones avanza lentamente. Más de 9,000 víctimas han sido registradas individualmente, pero el procedimiento es lento y engorroso, especialmente por la falta de recursos del Consejo para llegar a todos los lugares del país.
La justicia peruana ha actuado en diversos casos de violaciones a los derechos humanos, algunos de ellos particularmente emblemáticos. De acuerdo a la información de la Defensoría del Pueblo, en el último período fueron reducidos los juzgados y fiscalías a cargo de los casos presentados por la CVR así como aquellos derivados de soluciones amistosas suscritas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los 59 casos presentados por la CVR, 26 se encontraban todavía en investigación preliminar, 25 con procesos judiciales abiertos y 7 con sentencia. Sólo en cuatro casos la sentencia es firme y está en ejecución. Los casos más importantes en donde se ha emitido sentencia son el de la desaparición de autoridades locales de Chuschi, Ayacucho y el secuestro y desaparición del estudiante universitario Ernesto Castillo Paez. Estos son los dos primeros casos en los que el Poder Judicial peruano ha emitido sentencias por el delito desaparición forzada de personas, afirmando la naturaleza continuada del crimen y, por tanto, la inaplicabilidad de la prescripción de la acción penal.
En otro caso, referido al asesinato del periodista Hugo Bustíos (1988), el Poder Judicial peruano estableció que en casos de violaciones graves contra los derechos humanos, la cosa juzgada se somete a los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, declarando que aún cuando la justicia militar hubiera absuelto a los presunto responsables, el Poder Judicial debía atender a los criterios del derecho a la verdad, tema que fue abordado en el 2002 por el Tribunal Constitucional del Perú.
Estos avances significativos en la jurisprudencia peruana han estado teñidos de dificultades. La Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos señalan que muchas de las investigaciones preliminares no avanzan debido a que el Ministerio de Defensa no entrega la información requerida sobre la identidad de los miembros de las fuerzas armadas comprometidos en estos casos. A ello se suma el escaso número de víctimas que son debidamente representadas en los procesos. Poco más del 20% del total de víctimas que participan en estos procesos cuentan con patrocinio legal formal, la mayor parte brindado por organizaciones de derechos humanos. Muchos de los mandatos de detención no son cumplidos y el sistema de protección a víctimas y testigos no cuenta con recursos suficientes.
El informe de la CVR recomendó la adopción de diversas reformas institucionales como garantía de no repetición de la violencia. Estas recomendaciones incluían reformas legales, de políticas públicas y de procedimientos en temas clave como la educación, la identidad, la salud mental y el régimen de las fuerzas armadas. Poco es lo avanzado en este terreno. A pesar de que un acuerdo político en el Congreso alcanzado a principios del 2007 declaró la intención política de avanzar en legislación en estos temas, sólo se ha logrado avances parciales en programas integrados de atención de salud mental, con modelos piloto en el departamento de Ayacucho.
Los obstáculos más serios para la implementación de las recomendaciones de la CVR vienen del campo político. El Gobierno actual ha mostrado poco interés e incluso cierta hostilidad hacia la política de derechos humanos en general y a la agenda de la CVR en particular. Las alianzas políticas con la bancada del fujimorismo no auguran nada bueno en cuanto a recibir y alentar aquellos cambios que el informe de la CVR indicaba como indispensables. En resumen, en el Perú se avanza en políticas específicas pero hay un estancamiento generalizado en cuanto al gran pacto social que se reclamó como base de la reconciliación. |
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