Independencia judicial, corrupción política y democracia: las altas cortes frente a los retos de la parapolítica
Las relaciones conflictivas entre la política y la justicia son un elemento constante de las democracias occidentales desde hace más de 30 años. En medio de crisis institucionales o situaciones de déficit democrático, muchos sistemas políticos nacionales han promocionado una controversia pública acerca del papel que deben cumplir los jueces en los procesos de depuración institucional. El debate público se enmarca, por supuesto, en si la judicatura está legitimada para intervenir en la política judicializando las desviaciones del poder y las prácticas corruptas, o si por el contrario, el activismo judicial en estas materias debe ser rechazado permitiendo que sea la clase política la que produzca el remedio para estas afectaciones del régimen democrático.
Cercanas en el recuerdo están las experiencias de algunos poderes judiciales que han debido enfrentar la convulsión de un sistema político en medio de críticas a su trabajo. El mejor ejemplo es quizás el de los procesos de “Mani Pulite” a finales de los años 80 del siglo pasado, a través de los cuales la judicatura italiana reveló a la nación los profundos nexos que existían entre la corrupción, la economía y la mafia.(1)
Sin embargo, este no es un problema exclusivamente europeo. Desde hace más de una década las altas cortes de Iberoamérica han debido enfrentar el desafío de judicializar las distintas manifestaciones de criminalidad organizada que se presentan la región. En medio de la crisis social provocada por los programas de ajuste económico en los países, los poderes judiciales han estado asumiendo la investigación y el juzgamiento de múltiples manifestaciones de criminalidad que, por su trascendencia, generan un alto riesgo para la institucionalidad democrática: el tráfico de drogas, de armas y de personas, la insurgencia, el terrorismo y la corrupción política.
En relación con éste último fenómeno, son muchos los desafíos que los poderes judiciales han tenido que enfrentar para someter al imperio de la ley a antiguos funcionarios públicos que haciendo un mal uso del poder público, decidieron buscar ventajas ilegítimas, generalmente de forma secreta y privada(2), y, en algunos casos, a través de una alianza directa con poderes mafiosos y organizaciones criminales. Las experiencias de varios ex presidentes de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, e incluso de un ex Secretario General de la OEA obligado a dejar el cargo a pocos días de haber tomado posesión, son ilustrativas en este sentido.
Como es sabido, este tipo de criminalidad se instala en la sociedad como un sistema de intercambio político que presupone un desprecio generalizado a las reglas del Estado de derecho, produciendo un efecto negativo en el desarrollo institucional de la democracia al punto de convertirse en una de sus grandes amenazas.(3) A pesar de la existencia de un marco jurídico anticorrupción internacional(4) y de la implementación de medidas para hacer frente a este fenómeno, tanto los ciudadanos como los analistas en los países perciben como serios los niveles de corrupción entre los funcionarios públicos y los políticos.(5)
En el caso colombiano, de acuerdo con los datos del Barómetro Global de la Corrupción 2007 de Transparency International, los partidos políticos y el poder legislativo son percibidos por los ciudadanos como altamente corruptos.(6)
Sin lugar a dudas, la capacidad de un sistema judicial para tramitar normalmente procesos de corrupción importantes e imponer sanciones ejemplarizantes es indispensable para la lucha contra la criminalidad organizada y la anticorrupción del futuro.(7) No obstante, son muchos los obstáculos que se hacen visibles cuando las altas cortes deben enfrentar un pasado de corrupción política, y de atrocidades y violaciones de los derechos humanos: la invisibilidad de los actos de corrupción, la complejidad técnica que debe ser desplegada en las investigaciones, la presencia de fuertes intereses de grupos políticos y cacicazgos regionales que hacen que las prácticas de corrupción sean toleradas o permitidas, y, en muchos casos, el apoyo público a los servidores públicos que deben ser investigados. Las dificultades que debió sortear el poder judicial en el tristemente célebre “proceso 8.000” son un ejemplo de ello en la historia reciente.
En Colombia, la apertura de múltiples investigaciones en contra de personas que han ejercido, ejercen, o que han pretendido ejercer cargos públicos de elección popular – tanto en el nivel nacional (Congreso de la República) como en el nivel regional (gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales) – por sus asociaciones con grupos armados al margen de la ley dentro de la llamada “parapolítica”, está generando un gran desafío para la autonomía y la independencia del poder judicial.
Así, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está liderando durante los últimos dos años– con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación- una pesquisa acerca de las alianzas de más de 70 congresistas con grupos paramilitares, a través de las cuales algunos de estos habrían alcanzado la votación necesaria para alcanzar una curul parlamentaria en dos periodos electorales (2002 - 2006). Dentro de las investigaciones se han recibido una multiplicidad de testimonios y otros medios de prueba que han llevado a la Corte a ordenar la privación de la libertad de más de 30 congresistas y ex parlamentarios. En otros casos, algunos de ellos han decidido renunciar a su fuero con el fin de que sea la fiscalía la que investigue su comportamiento y se les garantice el derecho a la doble instancia.
Como es natural, estas investigaciones han generado un gran escozor en la clase política, la cual se ha visto duramente cuestionada en su legitimidad por la opinión pública; máxime cuando además de evidentes relaciones de connivencia y corrupción, algunos de los políticos vinculados al proceso fueron – al parecer- firmantes de pactos y acuerdos por medio de los cuales se pretendía refundar el régimen político nacional por medio de la intimidación, la acción armada y la violación de los derechos humanos.
En reacción a este fenómeno son muchas las críticas y los señalamientos que se han lanzado públicamente contra la Corte Suprema y sus investigadores acerca de las valoraciones que estos han hecho de las pruebas allegadas a los procesos y de la credibilidad de algunos de los testigos escuchados por ese alto tribunal. Este debate público cuyo escenario privilegiado han sido los medios de comunicación, se ha caracterizado por una reacción desafortunada de algunos miembros del parlamento y del gobierno nacional, quienes han pretendido generar una sombra de duda acerca de la legalidad, la legitimidad y la imparcialidad de los funcionarios instructores.
Si se analiza con detalle esta respuesta de la clase política al esfuerzo que la judicatura está desarrollando por defender la legalidad contra la criminalidad del poder, es posible advertir que dichas reacciones no ha estado a la altura de un debate democrático basado en argumentaciones y posturas respetuosas del Estado de Derecho, que estimule la transparencia y el pluralismo en las ideas, sino que por el contrario se ha servido de montajes y falsas acusaciones que ponen en grave riesgo uno de los valores fundantes de nuestro régimen de Estado: la independencia del poder judicial.
Los recientes incidentes de esta triste confrontación llaman la atención acerca de la importancia que tiene para el fortalecimiento de la democracia y del imperio de la ley en Colombia la gran apuesta que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación están realizando dentro de los procesos de la parapolítica, en relación con las acciones concretas que el Estado colombiano debe implementar en lucha contra la corrupción y contra la impunidad de violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, y como corolario de lo anterior, se hace cada vez más evidente una seria preocupación internacional, plasmada en la Carta enviada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional al Embajador de Colombia en la Haya, por garantizar que la justicia nacional pueda juzgar en condiciones de independencia y con pleno respeto a los estándares internacional de debido proceso a los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados.
Área de Justicia, ICTJ- Colombia
(1) CALCEGLIA, Inés Malvina (2006): “la lucha contra la corrupción y el rol de la justicia: el caso del pool milanés mani pulite y algunas reflexiones acerca de la magistratura argentina”. En: Revista Papel Político. Vol. 11, No. 2, 647-682, julio-diciembre. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
(2) REÁTEGUI SÁNCHEZ, James “los delitos de corrupción de funcionario y criminalidad organizada”. Disponible en: www.diritto.it/materiali/transnazionale/sanchez.pdf.
(3) MALEM SEÑA, Jorge F. (2000): “La corrupción política”. En: Revista Jueces para la democracia, ISSN 1133-0627, Nº 37. Madrid: Págs. 26-34.
(4) Al respecto, véase: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
(5) Índice de Percepción de la Corrupción 2007 Destacados: América.
Disponible en: http://www.transparencia.org.es/INDICE%20DE%20PERCEPCIÓN%202007/América.pdf.
(6) Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2007 de Transparency International.
Disponible en: http://www.transparencia.org.es/
(7) NIETO, Francisco (2004): “Desmitificando la corrupción en América Latina”. En: Nueva Sociedad 194, noviembre-diciembre. Caracas: Fundación Friederich Ebert Stiftung. Pág. 62.
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