La protección de las víctimas como pre-requisito del acceso a la justicia y
su participación en los proceso penales
A la larga lista de problemas y retos que afrontan las autoridades en la aplicación de la Ley 975 de 2005 (conocida como Ley de justicia y paz) se suma uno de vital importancia: la protección debida a las víctimas y testigos que acuden o pretenden acudir a este procedimiento especial.
La Ley 975 de 2005 contiene un mandato claro y expreso en relación con las autoridades encargadas de la protección de las víctimas de crímenes atroces que acuden a reclamar sus derechos: diseñar y ejecutar un programa de protección.
En respuesta a este mandato, el gobierno nacional, en septiembre de 2007, expidió el decreto 3570 y, posteriormente, un protocolo por medio de cual se reglamentan todas las cuestiones procesales del trámite de petición de protección. Sin embargo, más allá de la aprobación formal de estos marcos regulatorios, la vulnerabilidad de las víctimas es evidente y las amenazas y atentados contra las personas que legítimamente reivindican sus derechos son sostenidas. Por ejemplo, se ha atentado contra la vida de líderes sociales como Yolanda Izquierdo Berrío, Carmen Cecilia Santana Romaña, Osiris Jacqueline Amaya Beltrán y Judith Vergara Correa, quienes contaban con la representación de amplios sectores de la población y que pretendían, en algunos casos, el amparo de derechos sobre tierras de población desplazada.
El esfuerzo institucional debería concentrarse en el establecimiento de responsabilidades por las amenazas y los atentados y en la ejecución efectiva del programa de protección diseñado. Ambos resultados repercutirían en la materialización del acceso de algunas víctimas que por temor o por falta de garantías no acuden a los procedimientos especiales.
Organismos intergubernamentales se han pronunciado para evidenciar la riesgosa situación de las víctimas y la necesidad urgente de una respuesta organizada y eficaz por parte del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto las constantes amenazas e intimidación que sufren las víctimas del conflicto que viven en zonas de influencia de los bloques paramilitares y ha recomendado al Estado disponer de mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y defensores de derechos humanos. Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) ha verificado y descrito como riesgoso el contexto de las víctimas que pretenden el acceso a la administración de justicia y lo ha calificado como un impedimento para la participación en los procesos penales.
Si bien existe alguna presión, por razones de circunstancia, para diseñar una respuesta eficaz a las víctimas que acuden a la Ley de justicia y paz, la respuesta del Estado debería cubrir el universo total de las víctimas, acudan o no a los procedimientos penales especiales u ordinarios, y contribuyan o no con pretensión acusatoria del fiscal. Tratándose de víctimas del conflicto y atendiendo a su situación de vulnerabilidad, la respuesta estatal debe ser maximizada y optimizada. En primer lugar, la acción estatal debe garantizar no hacer más daño. En segundo lugar, debe responder a las necesidades que se derivan de la vulnerabilidad producida por las violaciones experimentadas. Y, de manera complementaria, toda respuesta debe respetar la dignidad de la persona humana en necesidad de protección.
Sin lugar a dudas la protección a todas las víctimas del conflicto es un imperativo que debe estar en la agenda de las autoridades nacionales y que constituye uno de los presupuestos determinantes en la consecución de la justicia. Sencillamente, no puede existir participación real de las víctimas en los procedimientos penales ni una investigación seria, imparcial y efectiva sin mecanismos de protección adecuados y eficaces para las víctimas y testigos de los delitos.
En respuesta a violaciones manifiestas, como los asesinatos y la amenaza latente, diversas organizaciones de víctimas presentaron de manera conjunta una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio del Interior y de Justicia con el fin de solicitar al Estado la ejecución de un programa de protección que garantice sus derechos a la vida e integridad personal así como su derecho al acceso a la justicia. Este recurso, se encuentra en revisión ante la Corte Constitucional y será fallado en las próximas semanas. Ésta es una oportunidad importante que tiene el máximo tribunal para revisar la respuesta institucional y establecer pautas, con fundamento en el derecho constitucional e internacional, sobre la protección de los derechos de las víctimas.
Dada la trascendencia del tema, el ICTJ-Colombia preparó un memorial en derecho en calidad de amicus curiae que ha puesto a consideración del alto tribunal.
Haga clic aquí para bajar el texto completo del memorial: [PDF - 252 Kb].
Área de Justicia, ICTJ- Colombia
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