El juicio contra Fujimori: Un hito en la lucha contra la impunidad
Alberto Fujimori se encuentra acusado y actualmente está siendo juzgado como autor mediato de varios hechos atroces cometidos en el Perú durante su mandato como presidente, luego de haber sido extraditado de Chile. Fujimori ya fue condenado como inductor de hechos criminales, por haber ordenado a otros a realizar un allanamiento ilegal para hallar y apoderarse de pruebas; el delito por el cual se le condenó fue el de usurpación de funciones. Además, una vez concluya el juicio por violaciones de derechos humanos, Fujimori encara una sucesión de procesos ligados a situaciones de abuso de poder, corrupción y enriquecimiento ilícito.
Fujimori es juzgado como autor de crímenes graves acontecidos en el marco de los casos conocidos como Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros en los Sótanos SIE. Los primeros dos casos dieron lugar a históricas condenas del Estado peruano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El juicio contra el ex Presidente por su participación criminal en la perpetración de asesinatos, lesiones graves y secuestro inició el 10 de diciembre de 2007. En esta fecha, que también marca la conmemoración de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los familiares de las víctimas y algunos defensores de derechos humanos vieron, por primera vez, al ex mandatario obligado a responder por sus acciones y sometido al régimen del derecho.
Si bien la responsabilidad penal de Fujimori tiene que predicarse por hechos específicos y, en este caso está limitada a los delitos acontecidos en tres contextos de acción, la acusación fiscal se orienta a demostrar que los hechos bajo examen hacen parte de un patrón sistemático de conductas atroces que fueron perpetradas durante su mandato como presidente, de acuerdo con políticas o prácticas oficiales.
La acusación y la parte civil han buscado demostrar que la represión no fue espontánea ni desorganizada, poniendo de manifiesto la responsabilidad de Fujimori la activación de una maquinaria represiva orientada a cometer atrocidades impunemente.
El 8 de abril de 2008, fue expedida una sentencia que respalda los argumentos del Ministerio Público y de la parte civil, y que representa, igualmente, un importante avance en la lucha contra la impunidad en Perú. La Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima profirió sentencia contra Julio Rolando Salazar Monroe (el entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) y miembros del Grupo Colina por las desapariciones cometidas en julio de 1992 en la ciudad universitaria de La Cantuta.
La Primera Sala Penal Especial enmarcó su condena contra Salazar Monroe y otros por los hechos de La Cantuta en un contexto de represión sistemática. Citando a la Corte IDH, reitera: “Los hechos del presente caso revisten una particular gravedad por el contexto histórico en que ocurrieron: un contexto de práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, perpetrada por las fuerzas de seguridad e inteligencia estatales (…) (L)os graves hechos se enmarcan en el carácter sistemático de la represión a que fueron sometidos determinados sectores de la población designados como subversivos o de alguna manera contrarios u opositores al gobierno, con pleno conocimiento e incluso órdenes de los más altos mandos de las fuerzas armadas, de los servicios de inteligencia y del poder ejecutivo de ese entonces, mediante las estructuras de seguridad estatales, las operaciones del denominado ‘Grupo Colina’ y el contexto de impunidad que favorecía esas violaciones”.
Si bien la sentencia no vincula directamente a Fujimori, la misma sí es un referente judicial importante y prueba manifiesta de la puesta en marcha de una maquinaria represiva que operaba con sanción oficial. Además, la sentencia ilustra los diferentes niveles de participación criminal y los mecanismos que fueron implementados para garantizar la impunidad de este hecho y hechos similares.
Desde la extradición de Fujimori desde Chile en septiembre de 2007, el pueblo peruano y la comunidad internacional concernida con el tema de derechos humanos han estado atentos al desenvolvimiento del juicio. El tribunal de conocimiento (la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú) ha tomado todas las medidas para garantizar el debido proceso del acusado y de las partes involucradas. De hecho, la práctica del tribunal puede tomarse como un importante referente para la conducción de juicios que involucran delitos complejos.(1)
El proceso penal contra Fujimori está haciendo historia. Sus efectos sobre la vida nacional del Perú no deben subvalorarse. Aquellos involucrados en el proceso – desde sus distintas posiciones – no deberían ahorrar esfuerzos interpretativos y de traducción popular en torno al significado de este procedimiento de reconocimiento y castigo a la atrocidad.
El proceso por casos de violaciones de derechos humanos continuará durante unos meses más hasta la expedición de una sentencia. El ICTJ ha estado monitoreando el juicio desde su inicio. Además, el Centro está elaborando un memorial en derecho (amicus curiae) que será presentado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para su consideración.
El juicio contra Fujimori no es el único ni será el último que se adelante contra un ex mandatario latinoamericano, pero sí es un hecho trascendental con un potencial de reconocimiento a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Área de Justicia, ICTJ-Colombia
(1) La actuación del tribunal y amplia documentación sobre los juicios contra Fujimori pueden consultarse en el portal virtual de la Sala. Disponible en: http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/index.asp?opcion=inicio.
Carta del Director del ICTJ al Presidente Alan García
Lea la carta de Juan Méndez, Director del ICTJ dirigida a Alan García, Presidente del Perú, acerca de la preocupación del Centro Internacional para la Justicia Transicional en las acusaciones y amenazas hechas en contra de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú y su Director de Proyección Institucional, el Sr. Francisco Sobernón, por parte de importantes autoridades del Gobierno peruano.
Haga clic aquí para bajar este texto completo de la carta: [PDF - 562 Kb].
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