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Audiencia sala plena. - La Corte Suprema de Justicia seguirá siendo un acto protagónico este año con el avance de los procesos de parapolítica, entre otros temas relacionados con la Ley de Justicia y Paz.
Foto: Cortesía, Corte Suprema de Justicia.
- Las dificultades en la implementación de la Ley de Justicia y Paz seguirán dominando la agenda mediática, en medio de una coyuntura que promete ser turbulenta en lo político.
Extradiciones, imputaciones parciales y las primeras sentencias en el marco de la ley de Justicia y Paz (Ley 975), serán los hechos y los debates judiciales más notorios relacionados con justicia transicional en este 2009 en Colombia. Esto ocurrirá en medio de los esfuerzos de las instituciones a cargo de la aplicación de ley por mostrar que es eficaz y que es el mejor camino para juzgar a los miembros de grupos armados desmovilizados.
En el período de su vigencia (cumple 4 años el próximo julio), no se puede hablar precisamente de grandes resultados en materia de sentencias condenatorias. Sólo 20 postulados tienen imputación parcial de cargos y sólo se prevé en el corto plazo una sentencia: la de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, a mediados de marzo. El resto, aproximadamente 300 desmovilizados, continúan en las diligencias de versión libre y un número superior y sin determinar no ha iniciado el procedimiento judicial.
El esquema condicionado por la Corte Constitucional bajo la Ley 975 parecía el adecuado, pero la realidad demuestra las enormes dificultades para procesar miles de casos con los esquemas tradicionales de persecución penal. Por esto es importante llevar al centro de la reflexión pública la discusión acerca de las mejores prácticas para determinar los patrones de generalidad y sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de los grupos armados ilegales.
Las imputaciones parciales, propuestas como una solución para llegar más pronto a sentencias e incidentes de reparación, merecen una revisión más detenida en la medida en que no necesariamente permitirían determinar esos patrones de criminalidad.
Pero no es sólo la efectividad en términos de resultados lo que genera retos para este año a la Ley 975. Otro aspecto que merece mayor análisis es la poca participación de las víctimas en los procesos, a pesar de las 190.000 registradas, o los escasos recursos con los que cuenta el fondo de reparación. No se trata sólo de producir sentencias, sino también que éstas permitan reivindicar la voz de las víctimas, identificar los aparatos organizados de poder que estuvieron detrás de los ataques a la población civil y garantizar una reparación justa e integral a los afectados.
Por esto es importante pensar en la adecuación de esta ley, pero no sólo a través de sus necesarias modificaciones en el Congreso, sino principalmente a través de la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz de estos procedimientos. Pese a la inversión de cuantiosos recursos, la respuesta que ofrece el Estado a las víctimas en materia de representación judicial de sus intereses, por ejemplo, sigue siendo muy limitada frente a una demanda constante y creciente. El Sistema Nacional de Defensoría Pública requiere de manera urgente mayores recursos para contratar una planta de representantes judiciales de las víctimas que sea estable y eficaz.
Todos estos puntos se tendrán que sortear en una coyuntura que promete ser turbulenta en lo político, mediada por la campaña electoral y la incertidumbre de una tercera reelección del presidente Álvaro Uribe. Además, en la que se elegirá a un nuevo Fiscal General de la Nación que se encargará de continuar con la tarea de avanzar con las imputaciones, las exhumaciones y la búsqueda de las víctimas.
En este escenario, serán posiblemente extraditados otros paramilitares sometidos a los postulados de la Ley 975, que se unirán a los 17 desmovilizados de este grupo armado que están recluidos en cárceles estadounidenses, pese a que aún no hay claridad sobre cómo responderán a las víctimas por los crímenes contra los derechos humanos cometidos en Colombia. A pesar del condicionamiento expreso que la Corte Suprema de Justicia estableció para que los paramilitares extraditados respondieran por estos crímenes, es posible prever que las prioridades tanto del gobierno colombiano como de los fiscales de los Estados Unidos girarán en torno a los delitos de narcotráfico y conexos.
Otros temas que sin duda moverán la justicia este año estarán relacionados con las nuevas sentencias en los procesos por parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia, incluso una nueva condena contra el estado colombiano en el caso del ex Senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Ley 975 con su componente jurídico pero también político seguirá prevaleciendo en la agenda mediática y en las discusiones públicas.
Estos debates deberían incluir la evaluación de la efectividad actual y futura de la Ley de Justicia y Paz, para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado interno.
Cronología de hechos relevantes 2009
- 19 de febrero:
Audiencia de imputación parcial contra Salvatore Mancuso.
- 4-6 de marzo:
Extradición de los desmovilizados Miguel Ángel Mejía Múnera alias “El Mellizo” y Hebert Veloza García, alias “H.H.”
- 10 de marzo:
Imputación parcial a Ramón Isaza.
- 16 de marzo:
Se conocerá la primera sentencia de justicia y paz expedida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá contra Wilson Salazar Carrascal, alias El Loro.
- 25 de julio:
Se cumplen 4 años de vigencia de la Ley 975 de 2005.
- Agosto - septiembre:
Nombramiento de nuevo Fiscal General de la Nación.
- Noviembre- diciembre:
Segunda sentencia de Justicia y Paz.
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