 Encuentro del ICTJ con representantes de las iniciativas no oficiales de memoria en el Museo de Antioquia, en Medellín.
Foto: ICTJ Colombia © 2008
El 2009 reta a la verdad oficial y judicial construida a través de las versiones libres de Justicia y Paz y de los juicios por los hechos del Palacio de Justicia para poner sobre el tapete la otra: la no oficial y social. Cada vez con más voz, las víctimas contribuyen a construir una verdad más plural y más allá de la de los victimarios.
La verdad y la memoria en 2009 coexistirán en escenarios que van de lo judicial y lo oficial, a lo social y no oficial. Se materializarán a través de sentencias pero también de construcciones comunitarias, habrá actos representativos en escenarios oficiales, en la plaza pública, pero también en la vereda, en el salón comunal; se seguirá conociendo la verdad de los victimarios que confiesan bajo la ley de Justicia y Paz pero también, y cada vez con más eco y en escenarios paralelos, las víctimas seguirán hablando.
Sin embargo, ¿lograrán estas realidades simultáneas dar el paso del conocimiento de los hechos al reconocimiento de las víctimas como el principal objetivo de un exitoso proceso de memoria y verdad?
Dos hechos principales permiten recrear los escenarios de verdad judicial y oficial, y social y no oficial, pero también del reconocimiento. El primero está relacionado con el avance de los procesos penales en el caso del Palacio de Justicia, en los que se esperan decisiones que contribuyan a la sanción efectiva de todos los responsables, así como la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad creada para esclarecer estos sucesos. El segundo es el esfuerzo por consolidar y visibilizar las iniciativas no oficiales de memoria, en las que las víctimas como protagonistas recuerdan y preservan su propia historia del conflicto como contraste a la verdad oficial y única de los victimarios.
Palacio de Justicia
En el caso de los juicios por las desapariciones del Palacio de Justicia es importante que los procesos avancen. Sin embargo, no dejan de inquietar hechos como liberaciones por vencimiento de términos o alegatos de colisión de competencias entre la justicia penal militar y la ordinaria, como sucedió en el caso de Plazas Vega. Sobre este último punto, la decisión tomada por el Consejo Superior de la Judicatura de que el caso continúe en la justicia ordinaria y no en la militar es una buena señal y un claro indicador de la voluntad de hacer justicia después de más de 23 años de ocurridos estos hechos.
No obstante, lo que no es un buen precedente ni tampoco una positiva advertencia es la reapertura de un debate que parecía saldado hace muchos años sobre si la justicia penal militar tiene competencia para juzgar casos en los que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre este tema ya se ha dicho mucho. Tal como se refleja en los instrumentos internacionales y en las decisiones y sentencias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como en la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser materia de juzgamiento por parte de un fuero distinto al ordinario.
Así lo hizo saber el ICTJ en un amicus curiae presentado ante el Consejo Superior de la Judicatura, asegurando que estas graves violaciones incluyen las desapariciones forzadas como crímenes de naturaleza permanente o continuada, tanto así que el propio Código Penal Militar excluye expresamente este delito de aquellos que pueden ser de competencia del fuero militar.
Preocupa, como lo calificó el propio Consejo Superior de la Judicatura el día que dio a conocer su fallo, que la reapertura de este debate no sea sino una táctica que usó la defensa para continuar dilatando un juicio que se le debe al país y a las víctimas desde hace 23 años.
Lo ideal para la verdad en este 2009 y para los familiares de las víctimas desaparecidas en el Palacio es que los juicios puedan avanzar sin mayores demoras y que sean investigados y sancionados, con plenas garantías judiciales, todos los responsables de estos hechos.
Al mismo tiempo que en este escenario judicial avanzan los procesos penales, otros hechos permitirán continuar construyendo la memoria sobre los hechos del Palacio de Justicia: las audiencias públicas organizadas por la Comisión de la Verdad y la presentación del informe final.
Las audiencias empezaron en noviembre de 2008 con la participación de las víctimas y continuarán en mayo de este año con la convocatoria a miembros de comisiones de la verdad de otros países, académicos y, particularmente, a actores estatales y no oficiales.
Esta será una oportunidad para que, con su testimonio, los partícipes directos o indirectos de los hechos aporten a la construcción de memoria y a la reivindicación y reconocimiento de las víctimas.
El acto más significativo de búsqueda de la verdad sobre estos sucesos tendrá lugar en noviembre. Al cumplirse los 24 años del holocausto del Palacio, la Comisión de la Verdad presentará su informe final, con el que tendrá la oportunidad de establecer patrones, brindar pautas para la no repetición y establecer la verdad de lo sucedido.
Pero, sobre todo, “el informe debería responder a un ejercicio nacional de búsqueda de la verdad, en el que la Comisión dé a conocer las razones y los hechos que generaron la tragedia que afectó el país en noviembre de 1985 y reivindique la dignidad de las víctimas fallecidas y desaparecidas”, aseguró Marcela Briceño-Donn, coordinadora del área de Memoria Histórica del ICTJ.
Verdad desde las regiones
Las regiones de Colombia como protagonistas directas del conflicto armado tienen mucho que decir sobre el qué, el cómo y el cuándo del pasado –y, en muchos casos, el presente– de la violencia. Por esto, iniciativas no oficiales, como las ya establecidas en el oriente antioqueño, Cali, Trujillo y municipios de la Costa Atlántica, pueden sentar las pautas para una comisión de la verdad de carácter nacional y deberían ser fortalecidas como un importante actor en la superación de la violencia.
En el Oriente antioqueño, asociaciones de víctimas en Argelia, Sonsón, Granada, La Unión y Nariño, creadas como parte de un proceso regional de paz y reconciliación, buscan constituirse como un grupo de apoyo mutuo que logre iniciar el proceso de duelo de las víctimas, avanzar en su empoderamiento, dignificación y reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En el Valle del Cauca hay iniciativas como la Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla, en Cali, que nace como una propuesta de las víctimas de crímenes de Estado y de las organizaciones de derechos humanos, con el interés de compartir ampliamente la información que desde las propias víctimas y sus asociaciones se ha venido recogiendo por más de treinta años. Y en Trujillo, la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo (AFAVIT), creada como consecuencia de los crímenes cometidos en esa localidad entre 1986 y 1994, busca la promoción de sus derechos y la consolidación de un parque monumento.
El ICTJ apoya también a la Comisión Ciudadana de Reconciliación del Caribe, con sede en Barranquilla, creada como un espacio de convergencia de diversas iniciativas colectivas e individuales que trabajan en la defensa de los derechos humanos en los ocho departamentos de la costa Caribe colombiana.
Así mismo, otras iniciativas oficiales gestadas en la región pueden dar este año pautas de búsqueda de la verdad, construcción de memoria y reparación, que pueden convertirse en proyectos pilotos para un propósito futuro de carácter nacional. Son los casos de Medellín y Bogotá, en donde se avanza en la construcción de parques y museos de la memoria.
Es así como el reto principal para el 2009 en materia de verdad y memoria será lograr, en escenarios paralelos y no necesariamente enfrentados, que las víctimas cuenten su historia para construir una memoria que vaya más allá de la voz de los victimarios y que logre, más allá de la reconstrucción de acontecimientos, el verdadero reconocimiento de ciudadanos.
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