Justicia Transicional y pueblos indígenas en Colombia: una agenda pendiente frente a una situación dramática
Editorial ICTJ Colombia
El asesinato de más de 10 miembros de la etnia Awá por parte de las Farc representa un nuevo capítulo en una historia trágica de violencia y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Colombia. El argumento según el cual los asesinatos se realizaron “porque los Awá colaboraban con el Ejército” muestra una vez más la perversidad de la lógica de la estigmatización y justificación de la guerra y un desprecio profundo de las Farc por la dignidad humana.
Foto: Simone Bruno
Estos hechos son un indicio más de la dramática situación de vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas en el país y de la cual el pueblo Awá en este caso es ejemplo reciente (también podríamos hablar, por ejemplo, de los Emberá, los paeces, los Uwa, los Eperara Siapidara y los Kankuamos).
Los Awá son uno de los 80 grupos étnicos que tienen presencia en 32 departamentos de Colombia. La población indígena colombiana se estima en 700.000 personas y muchos de esos grupos viven en las zonas más afectadas por la violencia armada. La población Awá se calcula en alrededor de 13.000 personas, ubicadas en 47 resguardos indígenas en la región occidental del macizo andino, en los departamentos de Nariño y Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. De acuerdo con cifras oficiales, cerca de la mitad de los Awá sufren de síntomas de tuberculosis y el 30 por ciento de sus niños menores de 6 años padecen enfermedades estomacales severas.
Pero la situación que más los aqueja, sin duda, y como sucede con todas las comunidades indígenas, son las consecuencias del conflicto armado interno que sin distinción ha llegado a su territorio, para hacerlos parte de la dinámica de guerra, para desplazar a sus comunidades, matar a sus miembros y desterrar su cultura. El desplazamiento tiene, además, unos efectos particulares sobre esta población, porque resquebraja sus estructuras comunales basadas en el derecho colectivo a la tierra.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el 25 por ciento de las víctimas indígenas de la violencia en el 2007 fueron Awás. Los representantes de estas comunidades denuncian que más de 3.000 indígenas han sido desplazados y que 1.200 más permanecen bloqueados en sus resguardos por la acción de los grupos armados.
Según sus líderes, 455 Awás han sido víctimas de asesinato en lo que va de la violencia en sus territorios. Tomando en cuenta lo reducido de su número y las difíciles condiciones sociales y económicas en las que viven, cabe preguntarse si no estamos ante una amenaza seria sobre su sobrevivencia como etnia.
Todas estas realidades demuestran cómo, pese al reconocimiento de su carácter multiétnico y a las protecciones diversas establecidas por la Constitución de 1991 y por sucesivas acciones judiciales, los pueblos indígenas colombianos no forman parte de la agenda pública ni son protagonistas de políticas específicas para garantizarles el acceso a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Hechos como estas masacres y los desplazamientos forzados que padecen etnias del Chocó (con consecuencias penosas como la desnutrición severa de sus niños), del Pacífico, la Sierra Nevada y Nariño, entre otras, nos demuestran lo difícil que es hablar de justicia transicional en una situación que, en primera medida, lo que exige es atención humanitaria y garantía a los derechos fundamentales. Sin embargo, temas como la verdad, la justicia y la reparación deben estar presentes en una agenda pública para discutir con los pueblos indígenas, con total respeto de sus particularidades culturales y con un enfoque diferencial étnico.
La degradación del conflicto armado en Colombia continúa y las violaciones de los derechos de los Awá son una manifestación del uso y abuso contra los indígenas por parte de los actores armados. Los derechos de estos pueblos en Colombia no pueden sólo promoverse con leyes y procesos judiciales: deben ir acompañados de garantías de todos los actores a sus derechos individuales y colectivos.
Los líderes indígenas han reclamado algo más que verdad, justicia y reparación con ocasión del conflicto armado. Sostienen, y con razón, que su propia historia debería ser materia de un proceso de esclarecimiento, particularmente respecto a las deudas históricas producto de los abusos ancestrales en contra de sus derechos. La agenda de la justicia transicional debería considerar éste como un tema central en Colombia y en las Américas en general.
Sin ninguna duda, los temas básicos de esta agenda deben ser: la restitución y la tenencia de tierras, las reparaciones colectivas, la conservación de su legado histórico y la reconstrucción de la memoria del conflicto. En este tema hay aún una deuda que debería empezar a ser saldada, sin confundir la reparación simplemente con asistencia humanitaria.
Sin perjuicio de este debate, es indispensable que todos los actores armados cumplan con respetar los derechos de los indígenas y que no se usen justificaciones para su muerte y destrucción. Eso es inaceptable ética y jurídicamente.
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