Mujeres traen sus productos para la venta a un mercado a las afueras de San Salvador, El Salvador.
Foto: Alfredo L. Fort, Courtesía de Photoshare © 2001
La verdad en El Salvador, ¿cerca de la locura y lejos de la esperanza?
Colaboración especial Benjamín Cuellar
Director Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Más de 15 años después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador con el sugestivo título “De la locura a la esperanza”, vale la pena hacer un balance de su impacto en la situación posterior del país hasta estos días. Y debe hacerse partiendo del mandato de aquélla y la manera cómo fueron asumidas sus recomendaciones.
Sólo mediante un análisis frío de ambos asuntos, de una valoración ponderada y lo más objetiva posible de los mismos es posible examinar por qué está el país como está en materias tan vinculadas con la calidad de vida de las personas, como son seguridad y justicia. También puede contribuir a encontrar el camino que el gobierno salvadoreño y la entonces insurgencia armaba plantearon en el Acuerdo de Ginebra, el 4 de abril de 1990, para alcanzar la paz: el de la democratización, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad. A continuación se ofrecen algunas pinceladas al respecto.
La Comisión de la Verdad fue concebida en la Ciudad de México, el 27 de abril de 1990, en el marco del proceso de negociación entre las partes beligerantes. Debería investigar los "graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”. Además le correspondería “recomendar las disposiciones de orden legal, político o administrativo” fruto “de los resultados de la investigación”, entre las que podría incluir “medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional”. Ambas partes se obligaron voluntariamente a cooperar “para el acceso a las fuentes de información a su alcance” y “cumplir con las recomendaciones de la Comisión”.
Sobre posibles acciones judiciales y legales posteriores, el citado Acuerdo de México determinó que lo establecido en éste no impedía “la investigación ordinaria de cualquier situación o caso, hayan sido éstos o no investigados por la Comisión, así como la aplicación de las disposiciones legales pertinentes a cualquier hecho contrario a la ley”.
Por su parte, el Acuerdo de Chapultepec reconoció “la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos (…) las Partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”.
La Comisión investigó dos tipos de casos: los individuales que, por sus características, “conmovieron a la sociedad salvadoreña y/o a la sociedad internacional”; y otros “de características similares que revelan un patrón sistemático de violencia o maltrato y que, vistos en su conjunto, conmovieron en igual medida a la sociedad salvadoreña, sobre todo por cuanto su objetivo fue impactar por medio de la intimidación a ciertos sectores de esa sociedad”.
Sus recomendaciones se agruparon así: sobre los hechos investigados, sobre las causas estructurales directamente vinculadas con los hechos examinados, sobre la institucionalidad estatal y sobre la reconciliación nacional.
La difusión del informe fue casi nula; además, el documento fue atacado de forma inmediata por el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador y la Corte Suprema de Justicia, sobre todo; a los cinco días de su presentación se intentó sepultarlo definitivamente con la Ley de Amnistía. En ese marco, sus recomendaciones fueron mal cumplidas o incumplidas, pese al compromiso de las partes de acatarlas todas y sin reservas.
Más de quince años de un “perdón y olvido” impuesto por decreto, no han sido suficientes para borrar la magnitud de los sucesos referidos. Por eso, el país no ha avanzado en el camino a la paz; por el contrario, pese a la propaganda oficial, se encuentra cada vez más lejos de la esperanza y –de nuevo, como hace cuatro décadas– cerca de la locura. Por eludir o rechazar el pasado, la sociedad salvadoreña ve cómo se viola recurrentemente la Constitución, cómo se rehúsa cumplir resoluciones internacionales y cómo se ejerce de forma constante la violencia en sus más diversas manifestaciones, incluida la represión policial. Estos graves problemas permanecen, en parte –una buena parte– porque hay quienes continúan repitiendo esquemas de un pasado doloroso y cercano, al accionar y escudarse en la impunidad institucional.
El rumbo del país sería otro, de seguro, si las partes que ahora continúan enfrentadas –pero en el campo electoral– hubiesen honrado su palabra y cumplido sus compromisos. Pero no. Queda entonces la tarea a la sociedad, demandándoles los incorporen en sus propuestas de gobierno y exigiéndoles hacerlos realidad en el marco pos electoral dentro del Órgano donde queden ubicados: en el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Si no, ya se conoce el camino que hoy se transita; también su destino… |
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