Después de las liberaciones: ¿cuáles son los restos de la justicia transicional en Colombia?
Recientemente, Colombia y el mundo recibieron la feliz noticia de la liberación de quince personas mantenidas como rehenes por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ICTJ expresó su regocijo por la exitosa operación de inteligencia (link al comunicado) y expresó su esperanza de que las partes en conflicto puedan iniciar pronto conversaciones para alcanzar una paz duradera. Lo que era impensable hasta hace poco en el país, se hace posible y viable en medio todavía de múltiples obstáculos. La ruta hacia la paz será difícil, pero contribuirá a ella el respeto pleno de las normas del Derecho Internacional Humanitario, lo que implica, entre otros asuntos, la liberación incondicional de todos y cada uno de los rehenes que son mantenidos por las FARC y el ELN, así como el desmantelamiento de toda organización armada ilegal, incluyendo los remanentes de las organizaciones paramilitares.
Colombia vive una encrucijada fundamental que provoca un amplio debate sobre los conceptos y principios de la justicia transicional. Acostumbrados a mirar a la verdad, la justicia y la reparación como elementos del post-conflicto, es difícil para muchos entender porqué en Colombia se debe hablar de estos temas. A lo largo de nuestro trabajo en Colombia, hemos recibido diversos comentarios que apuntan a privilegiar la paz por sobre otras consideraciones.
No les falta razón a quienes sostienen que la justicia transicional requiere, para su pleno desarrollo, el término del conflicto o por lo menos su atenuación sustancial. Pero también es cierto que el anhelado fin del conflicto –cuando esto ocurre luego de una negociación- requiere precisamente de acuerdos y entendimientos que clarifiquen el rol de la justicia y los derechos de las víctimas en el “día uno de la paz”. Justicia y paz pueden establecer complejos problemas de ajuste, pero lo que está claro es que no pueden desarrollarse por separado. El desarrollo de los estándares internacionales fuerzan a las partes en conflicto a considerar los temas de verdad, justicia y reparación como parte de las negociaciones y ya no sólo como elementos que se presentan con posterioridad a los acuerdos.
Además, Colombia no es el único país que acomete tareas propias de la verdad, la justicia y la reparación en medio de un conflicto "caliente" o cuando la paz y la estabilidad no están aseguradas del todo. En países como Uganda, Sudán, Afganistan o Irak, los avances en materia de verdad y reparación se dan actualmente sin que haya concluido el conflicto y con muchos con las armas en las manos.
Por otro lado, la realidad colombiana no es unívoca y existen ciertas zonas y tiempos que permiten avanzar más rápidamente en medidas efectivas de justicia transicional. Si algo nos enseñan los casos de países como Indonesia, el Congo y Colombia es que la justicia transicional puede desarrollarse en distintos escenarios regionales, a ritmos diversos. Una mirada demasiado cauta o pesimista desde Bogotá no podría –por ejemplo- detectar el extraordinario trabajo de búsqueda de la verdad que desarrollan gobiernos locales y organizaciones sociales en Antioquia.
Pero la razón más importante es que la práctica internacional demuestra que una paz duradera y una sociedad que se desea estable, progresista y democrática, requiere para su fundación del respeto de los derechos de las víctimas. La impunidad puede contribuir a que la violencia, en lugar de detenerse, se transforme en bandidismo, pandillas, mafias locales, abuso policial y otros fenómenos.
Esto es particularmente importante cuando pensamos en Colombia en el "día después de mañana", el día en el que el conflicto armado concluya. ¿habrá terminado la violencia? La respuesta no estará en que tan eficaces han sido las partes en ponerse de acuerdo, sino que tanto se ha mejorado a la sociedad y al Estado de Derecho en el camino.
Lo dijo Ingrid Betancourt al día siguiente de su liberación: "queremos en Colombia una paz duradera, que atienda los problemas estructurales de la sociedad". Estas poderosas palabras, viniendo de quien sufrió lo indecible en los últimos años, deben ser escuchadas atentamente por todos. Nuestra insistencia por los derechos de las víctimas tiene una raíz ética y jurídica indiscutible, pero también responde a una necesidad de política pública. Es por el bien común de todos los colombianos y colombianas que se debe avanzar, sin esperar el desarme y la reinserción completa, en la restauración de la dignidad de los millones de seres humanos que en Colombia han sufrido las violaciones más atroces de sus derechos.
No veamos a las víctimas como un "sector" de la población y sus demandas como las de un “grupo de presión” más, sino como parte de la restauración de un amplio proyecto nacional que haga verdad las promesas constitucionales de un estado social de derecho, próspero e incluyente.
Sólo fortaleciendo el régimen jurídico y político será posible que el Estado atienda con eficiencia esta compleja demanda social. Demás está decirlo: el mejor camino para la democracia colombiana es confiar en sus propias instituciones y solventar las crisis políticas en los cauces institucionales. El mejor homenaje a quienes han recobrado su libertad, a quienes todavía sufren cautiverio y a quienes arriesgaron sus vidas en la audaz operación del 2 de julio, es respetar celosamente los cauces institucionales.
Los rehenes están ahora con sus familias. Hacemos votos porque pronto no haya una sola persona privada de su libertad en esa modalidad aberrante planteada por las FARC y el ELN. Al mismo tiempo, confiamos que la democracia colombiana honrará a esas personas fortaleciendo sus propias instituciones, atendiendo los derechos de todas las víctimas y ampliando cada vez más su democracia.
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