Foto:Louis Bickford,ICTJ © 2008
En Ecuador, la comisión entra en su última fase
El 3 de mayo de 2007, el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, creó por decreto una comisión de la verdad con el objeto de “investigar, esclarecer y prevenir la impunidad en los hechos violentos y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988 y otros períodos de tiempo”. La Comisión de la Verdad tiene además mandato expreso para promover el reconocimiento a las víctimas, diseñar una política de reparaciones, recomendar reformas institucionales y determinar la existencia de evidencias de responsabilidad penal, civil y administrativa, en cuyo caso debe trasladar la prueba a las autoridades competentes.
Durante los años 1984-1988, el gobierno de Ecuador estuvo presidido por el empresario socialcristiano, León Febres Cordero, quien desató campañas represivas contra un pequeño grupo insurgente denominado Alfaro Vive Carajo y contra movimientos sociales y estudiantiles opuestos a su proyecto político, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.
La Comisión de la Verdad ha estimado de manera preliminar que durante el régimen de Febres Cordero 150 personas fueron sometidas a desaparición forzada y 500 a tortura y detención arbitraria. La Comisión ha sido también investida con el poder de investigar otras violaciones a los derechos humanos que han marcado hitos en la historia reciente del Ecuador, como son el supuesto accidente aéreo en el que murió el presidente, Jaime Roldós Aguilera, su esposa y varios miembros de su gobierno, el 24 de mayo de 1981, y masacres policiales como la ocurrida en la droguería Fybeca, el 19 de noviembre de 2003, donde 8 personas fueron asesinadas y otras tres desaparecidas en el centro de Guayaquil.
La Comisión está presidida por la hermana Elsie Monge, líder histórica del movimiento de derechos humanos del Ecuador, e integrada por los juristas Julio César Trujillo y Roberto Jurado, el ex obispo de Cuenca, monseñor Alberto Luna, y el ciudadano colombiano Pedro Restrepo, padre de dos jóvenes desaparecidos forzadamente en 1988. La Comisión cuenta con un Comité de Apoyo compuesto por familiares de las víctimas, representantes del movimiento de derechos humanos y un delegado del Ejecutivo. El presupuesto inicial de la Comisión es de un millón de dólares, lo que asegura su funcionamiento hasta septiembre de 2008, cuando debe entregar su informe final. Sin embargo, los recursos sólo fueron puestos a disposición de la Comisión en diciembre de 2007.
Al mismo tiempo que realiza la recolección de testimonios, la Comisión empezó a formular su hipótesis central: que hay aspectos de la política de seguridad en Ecuador que constituyen un proceso continuo entre el periodo bajo investigación de la Comisión y la historia reciente, por lo que sería necesario analizar la manera en que dicha política afecta hoy en día los derechos humanos en el país.
Uno de los elementos que deberá analizar la Comisión, al tiempo de formular sus conclusiones, será la manera en que la política de seguridad y el militarismo en la sociedad ecuatoriana son obstáculos fuertes para la construcción de instituciones democráticas sólidas. En consecuencia, la Comisión está analizando la posibilidad de formular recomendaciones al sector de seguridad como garantía de no repetición.
Ecuador es un actual de una comisión de la verdad en América Latina con la misión de esclarecer los hechos de un momento histórico específico y sangriento de la historia del país. El reto es superar los inconvenientes técnicos que implican esclarecer hechos acontecidos hace más 20 años y demostrar que, una vez más, la verdad es un punto de partida para la reconciliación nacional y una garantía para la no repetición.
El ICTJ apoya de manera activa el funcionamiento de la comisión ecuatoriana a través de labores de asistencia técnica organizadas en cooperación con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Ha colaborado en la elaboración de su marco metodológico y próximamente intervendrá brindando consejos en la elaboración del informe final. Se prevé una conferencia internacional de Quito organizada de forma conjunta por el ICTJ y la Comisión para el próximo mes de septiembre.
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