OTTAWA, CANADÁ - Junio 11: Primer Ministro Canadiense, Stephen Harper (derecha), y el Jefe Nacional de la Asamblea de Primeras Naciones, Phil Fontaine (segundo a la derecha).
Foto:Mike Carroccetto,Getty Images
Canadá, el pedido de perdón por la asimilación forzada de comunidades indígenas
El pasado 11 de junio el gobierno canadiense presentó oficialmente –a nombre del Estado y la sociedad de ese país- un pedido de perdón a las comunidades indígenas afectadas por graves políticas de asimilación forzada.(1)
En efecto, empezando en 1870 y por poco más de un siglo, el gobierno canadiense en cooperación con las iglesias de ese país creó un sistema por el cual los niños indígenas de las comunidades conocidas como Naciones Primeras, Inuit y Métis, eran separados forzosamente de sus familias y llevados a internados en los que se pretendía erradicar su identidad cultural. Aunque el propósito ostensible de los internados era el de enseñar oficios prácticos a los niños, su motivación ideológica era la destrucción de toda identidad indígena separada de una supuesta identidad nacional única. Tal como lo reconoció el Primer Ministro Stephen Harper frente a la Cámara de los Comunes, lo que se buscaba era “matar al indio en el niño”.
Naturalmente, tal proyecto sólo podía ser aplicado con enormes dosis de violencia institucional: las familias eran separadas en situaciones de gran brutalidad, los niños eran castigados cruelmente por utilizar sus nombres nativos o hablar su idioma. La violencia sexual, las palizas, la enfermedad y el hambre reinaban en estos internados. Como mudos testigos quedan los cementerios de niños indígenas al costado de los antiguos internados: no hay determinación clara de cuántos jamás volvieron con sus familias, ya fuera como resultado de haber muerto en los internados o huido de ellos.
En décadas recientes, miles de sobrevivientes llevaron a cabo demandas civiles contra las iglesias y el gobierno federal por los abusos sufridos, además de promover algunos casos penales contra algunos perpetradores particularmente notorios. En 1993, la Iglesia Anglicana del Canadá presentó un pedido de perdón a los pueblos indígenas por su rol, y en 1996 una comisión investigadora de la policía canadiense sobre la situación de los pueblos indígenas mostró con claridad la relación entre el legado de los internados y la situación de miseria y anomia vivida en las comunidades indígenas. Alcoholismo, violencia intrafamiliar, suicidios y criminalidad común afectan a los indígenas desproporcionadamente en el Canadá aún hoy, en la medida en que miles de individuos que sólo conocieron la humillación y la tortura en su temprana infancia fracasan en todo esfuerzo de construir una familia.
La comisión deberá jugar un papel en la creación de “una nueva relación entre los pueblos aborígenes y otros canadienses, basada en el conocimiento de nuestra historia común, el respeto mutuo y el deseo de salir adelante con una renovada comprensión de que el Canadá será mejor sobre la base de familias fuertes, comunidades fuertes y culturas y tradiciones vibrantes.”
El año pasado, luego de trabajosas negociaciones entre el estado, las iglesias y las comunidades indígenas se firmó un acuerdo amistoso por el cual Canadá se compromete a pagar más de 1,900 millones de dólares canadienses en indemnizaciones a las decenas de miles de sobrevivientes y crea un sistema de recuperación de la memoria histórica y apoyo a las víctimas que incluye una Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como un programa de salud mental. El pedido de perdón del gobierno se inscribe en este proceso y busca apoyarlo: el Primer Ministro Harper se refirió explícitamente en su alocución al papel que las reparaciones y la CVR deberán jugar en la creación de “una nueva relación entre los pueblos aborígenes y otros canadienses, basada en el conocimiento de nuestra historia común, el respeto mutuo y el deseo de salir adelante con una renovada comprensión de que el Canadá será mejor sobre la base de familias fuertes, comunidades fuertes y culturas y tradiciones vibrantes.”
El pedido de perdón se llevó a cabo en circunstancias solemnes, en sesión plenaria de la Cámara, con la presencia de centenares de sobrevivientes y ante representantes de los pueblos indígenas, a quienes se concedió el uso de la palabra luego de la intervención del jefe de gobierno. Todos los partidos de oposición se aunaron al pedido de perdón oficial y sugirieron medidas concretas de remedio y prevención del abuso contra los pueblos indígenas. La ceremonia fue transmitida en vivo a todo el país y para los cientos de activistas que seguíamos el proceso en el parlamento, generó una intensa emoción.
El discurso del primer ministro reconoció de manera explícita la responsabilidad del Estado en los abusos cometidos contra los niños indígenas, haciendo pedido explícito de perdón por distintas facetas de la experiencia de los internados. El discurso, además, reconoció con claridad las secuelas de largo plazo de los abusos cometidos y se comprometió a prestar apoyo a las políticas de remedio comprendidas en el arreglo amistoso iniciado el año pasado. En este sentido, el pedido de perdón canadiense representa un modelo muy valioso de reparación simbólica.
El valor jurídico del pedido de perdón canadiense es –además- muy significativo en tanto constituye una fuente de interpretación de las obligaciones estatales ante las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y se convierte en una referencia sobre la costumbre de los Estados, particularmente si se toma en cuenta que tanto Australia como los Estados Unidos han hecho similares declaraciones en los últimos meses.
Si algo –lamentablemente- opacó el carácter histórico de este acto simbólico, es el hecho de que Canadá haya votado recientemente en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los partidos de oposición reclamaron vivamente al gobierno que dejara de lado sus objeciones a este instrumento internacional.
El ICTJ ha participado activamente en el proceso canadiense prestando su apoyo técnico a las negociaciones que condujeron al arreglo amistoso, promoviendo el debate sobre la experiencia de los internados y cooperando con la naciente CVR. El Centro espera que los conocimientos ganados en la práctica de las comisiones de la verdad alrededor del mundo sean apropiadamente utilizados en Canadá, en forma consistente con los derechos que asisten a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Sin duda, además, el ejercicio independiente del trabajo de la CVR y la efectividad del programa de reparaciones incrementará la estatura moral de las iniciativas internacionales canadienses en materia de justicia transicional y lucha contra la impunidad.
(1)El texto completo del pedido de perdón del Estado canadiense, las respuestas de los partidos de oposición y de los pueblos indígenas se encuentra en la transcripción oficial de los debates parlamentarios.
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