La decisión de un tribunal de Chimaltenango de condenar a 150 años de cárcel al ex comisionado militar Felipe Cusanero, al considerarlo responsable de la desaparición forzada de seis indígenas entre 1982 y 1984, abre una ventana para que sean investigados otros crímenes y, sin duda, sienta un precedente para el procesamiento de otros responsables de desapariciones y crímenes de lesa humanidad en este país.
El ICTJ estudió con detenimiento la decisión del tribunal y considera que hay cuatro puntos de suma relevancia a favor de las víctimas: el hecho de que se mencione a la desaparición forzada como un delito permanente, que no hayan sido considerados los argumentos de obediencia debida para atenuar la pena, la comprobación de patrones de Estado en las conductas del oficial y la aplicación adecuada de instrumentos internacionales en la sentencia.
Al considerar la desaparición forzada como un delito permanente, tal como lo afirmó la Corte constitucional guatemalteca en 2008, el tribunal, además de sentar un precedente jurisprudencial, reafirma la imprescriptibilidad de estos crímenes, por lo que se podrá continuar con la judicialización de los responsables de desaparición en otros casos.
Así mismo, fue importante que el tribunal no haya considerado los argumentos de obediencia debida por parte del comisionado militar. Esto es una gran decisión en Latinoamérica donde en muchos países el argumento de obediencia debida ha impedido procesar a responsables de violaciones a los derechos humanos.
De igual manera, cabe resaltar la forma en que la sentencia comprueba la existencia de patrones de Estado utilizados en la comisión de los crímenes, y cómo a su vez se vale de las normas internacionales tanto del sistema interamericano de derechos humanos como del sistema universal para atribuir responsabilidades al acusado.
El ICTJ espera que esta condena sea un importante precedente para avanzar en otros juicios y para que se atribuyan responsabilidades penales por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en este país en el que las diferentes iniciativas de esclarecimiento histórico registraron más de 200.000 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños, de las cuales la gran mayoría eran indígenas mayas.
“Esta decisión es una señal alentadora para las víctimas. Es necesario que Guatemala enfrente por fin el legado de impunidad y supere la deuda de justicia - aseguró Javier Ciurlizza, director del programa Américas del ICTJ – pero esta búsqueda de justicia debe ser un proceso integral que, aparte de atribuir responsabilidades penales, también incluya medidas claras de compensación, rehabilitación y reparación”.
El ICTJ (www.ictj.org/es/) es una organización internacional privada fundada en 2001 en la ciudad de Nueva York, con el fin de apoyar a países que buscan salir de conflictos armados o de regímenes dictatoriales y consolidar la institucionalidad democrática sobre la base del ejercicio de la justicia. El Centro ha desarrollado proyectos en más de 30 países alrededor del mundo, cuenta con 13 sedes, incluida Colombia, y ha realizado alrededor de 500 misiones internacionales. Ha prestado apoyo a procesos penales y comisiones de la verdad; ayudado en la elaboración de programas de reparación y asesorado el diseño de reformas en los sectores de justicia y seguridad.
El ICTJ presenta su serie de hojas informativas, una herramienta concisa y clara con información sobre distintos temas de justicia transicional como iniciativas de persecución penal, programas de reparaciones, verdad y memoria, y experiencia comparada con casos de distintos países en el mundo.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
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