Foto: Mentat Kibernes, bajo la licencia de Creative Commons: Attribution
AMÉRICAS: URUGUAY
El plebiscito sobre la ley de impunidad es una oportunidad histórica para la justicia
Por segunda vez en 20 años, Uruguay definirá en las urnas, el próximo 25 de octubre, si continúa vigente o no una ley que dispuso el cese de los juicios a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Justicia e impunidad se enfrentan en las urnas simultáneamente con las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Los uruguayos están hoy inmersos en una campaña electoral inusual, en la que no sólo se definirá quién será el próximo mandatario del país y cómo estará conformado el Parlamento, sino qué pasará con los militares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, que gobernó con mano de hierro el país entre 1973 y1985.
El mismo día de las elecciones, el 25 de octubre, los votantes tendrán que decidir –de manera obligatoria y mediante plebiscito– si apoyan o no la propuesta de anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una norma aprobada en 1986 cuando la justicia empezaba a llamar a rendir cuentas a quienes delinquieron al amparo de la dictadura militar.
Ninguna encuesta preelectoral, de las varias que se llevan a cabo cada semana, deja por fuera el tema de la Ley de Caducidad, y no sólo por el hecho de que las votaciones presidenciales y del plebiscito serán simultáneas, sino porque los dos temas han ido de la mano en la agenda política.
Son varios los motivos. Desde 2005, el gobierno de Tabaré Vázquez –quien ganó las elecciones con una coalición liderada por el Frente Amplio– ha aprovechado la facultad que le da la Ley para interpretar si un militar debe o no ser juzgado, y una docena de ellos han tenido que empezar a responder ante la justicia. De hecho, en marzo de este año se dio la primera condena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, contra ocho ex integrantes de la fuerza pública.
La lucha en contra de la vigencia de la ley de caducidad ha generado una amplia participación de la sociedad civil, que inició en el 2007 una campaña que se concretó en abril pasado con la presentación de 340.000 firmas.
Y el tema es también político porque la posición que asumieron en 1986 los tres principales partidos es la misma que sostienen hoy y esto es visto como un punto diferenciador en la contienda. Los partidos Nacional y Colorado –derrotados por primera vez en 2004– fueron los principales promotores de la Ley de Caducidad, mientras el Frente Amplio, hoy en el poder, fue uno de los que respaldaron el fallido plebiscito para anular la norma en 1989 y el que se llevará a cabo el mes entrante. De hecho, el presidente Vázquez formó parte del grupo promotor de la convocatoria de hace 20 años y ha manifestado que la Ley es inconstitucional.
Polarización política y lucha por la justicia
Según las últimas encuestas, el respaldo a la anulación de la Ley de Caducidad está entre el 45 y el 48 por ciento, lo que entre otras coincide con la posible votación que tendría el candidato del Frente Amplio, José Mujica. Se necesita el 50 por ciento de los votos más uno para que la propuesta sea aprobada y, por tanto, la Ley de Caducidad quedé sin efecto.
“La sociedad civil uruguaya está hiperpolitizada y eso genera una polarización que se arrastra hasta el tema de la Ley de Caducidad, que se transformó en contienda electoral y se politizó en temas de justicia penal. Además, la izquierda se presenta con un candidato radical, un antiguo guerrillero tupamaro, lo que hace que la polarización sea mayor”, explica Jorge Errandonea, abogado de derechos humanos e internacionalista uruguayo.
A juzgar por las encuestas, el resultado dependerá de la posición que asuman en los próximos días los indecisos, quienes deberán votar por el Sí o el No, pues no existe el voto en blanco en este caso. “Sin duda, el hecho de que haya un debate político en Uruguay sobre la conveniencia de estas leyes es un paso adelante en la lucha contra la impunidad Sin embargo, independientemente del resultado del plebiscito, Uruguay está obligado a inaplicar las amnistías y los indultos si se trata de crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, como el homicidio, la desaparición y la tortura”, afirma Javier Ciurlizza, director del programa Américas del ICTJ.
Países como Argentina, en los que también hubo inmunidad e indultos para los militares implicados en la violación de derechos humanos, tomaron decisiones desde lo judicial para declarar inconstitucionales estos perdones. Chile inaplica actualmente la ley de amnistía decretada por la dictadura de Pinochet y el Perú lo hace en función de sentencias judiciales nacionales e internacionales. Los jueces uruguayos podrán seguir este caminio pero el gran dilema es cómo los uruguayos hoy en día entienden el perdón que se impuso hace 23 años.
Ya en 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había recomendado al Estado uruguayo dejar sin validez la Ley de Caducidad, judicializar a los responsables y establecer un programa de reparaciones a las víctimas, lo cual hasta hoy no ha sido implementado. En dos ocasiones, en la década pasada, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció en el mismo sentido, y la CIDH admitió en 2007 un caso cuyo trasfondo es la inconveniencia de la Ley de Caducidad. Se trata de la desaparición de la nieta y la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Uruguay está en deuda con las víctimas y urgen medidas de esclarecimiento histórico y una consistente persecución penal a los violadores de derechos humanos, como lo han pedido organismos internacionales. Sin embargo, como un pequeño avance cabe resaltar la condena reciente contra ocho militares y la apertura de procesos contra los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, y el ex canciller Juan Carlos Blanco. El 25 de octubre será el día definitivo en el que Uruguay se juega en las urnas la impunidad o la justicia. El ICTJ seguirá de cerca este proceso.
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