El informe –que hace un recuento de la deuda del Estado salvadoreño con las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación– fue entregado como insumo para la evaluación que el Consejo hará por primera vez sobre este país en febrero de 2010, durante la séptima sesión del Examen Periódico Universal, que revisa la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembros de Naciones Unidas y plantea recomendaciones.
Tras el fin de la guerra, y a pesar de iniciativas de esclarecimiento histórico como la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc para la depuración de las fuerzas armadas, ha sido mínimo el esfuerzo estatal para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones no se repitan. Esta situación “configura un terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, bajo la percepción generalizada de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados”, afirman el ICTJ y el IDHUCA en el documento.
El informe recomienda al Estado salvadoreño divulgar la información que sirvió de base para el informe final de la Comisión de la Verdad y perseguir penalmente a los perpetradores identificados por esa institución. También hace hincapié en la necesidad de que el país elimine obstáculos para la justicia como la Ley de Amnistía de 1993 –aprobada inmediatamente después de la publicación del informe de la Comisión–, que impide cualquier investigación por delitos cometidos durante la guerra civil.
Además, se hace necesario que El Salvador acoja las convenciones internacionales contra la desaparición forzada y la tortura, así como el Estatuto de Roma, que regula el mandato de la Corte Penal Internacional. Finalmente, el ICTJ y el Idhuca consideran indispensable “que el Estado adopte medidas legales, administrativas y políticas efectivas para cumplir con el deber de reparar” a las víctimas.
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El ICTJ (www.ictj.org/es/) es una organización internacional privada fundada en 2001 en la ciudad de Nueva York, con el fin de apoyar a países que buscan salir de conflictos armados o de regímenes dictatoriales y consolidar la institucionalidad democrática sobre la base del ejercicio de la justicia. El Centro ha desarrollado proyectos en más de 30 países alrededor del mundo, cuenta con 13 sedes, incluida Colombia, y ha realizado alrededor de 500 misiones internacionales. Ha prestado apoyo a procesos penales y comisiones de la verdad; ayudado en la elaboración de programas de reparación y asesorado el diseño de reformas en los sectores de justicia y seguridad.
María Cristina Rivera
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