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COLOMBIA: Publicaciones
Los dilemas de reparar en Colombia
Investigadores del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) dedicaron un año y medio a indagar qué ha significado la reparación por violaciones a los derechos humanos para cuatro comunidades colombianas que han recibido indemnizaciones o ayuda humanitaria y en qué han invertido el dinero que les han entregado. Incluyeron una quinta organización afrodescendiente que, aunque no ha recibido ni lo uno ni lo otro, ha elaborado una reflexión sobre el sentido de una eventual reparación a comunidades ancestrales.
En todas ellas la percepción es que la reparación económica no puede estar por encima de su valor simbólico, que no se puede entender la reparación como servicios y derechos que deberían recibir todos los ciudadanos –como acceso a salud, vivienda o educación–, que el Estado debe reconocer siempre la responsabilidad de los hechos que repara de una manera clara y que hasta que no se juzgue a los culpables cualquier medida es ineficaz: no puede haber reparación real sin justicia.
Este trabajo, documentado en la publicación Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, editado por el ICTJ y Dejusticia, aporta elementos al debate nacional sobre temas como el programa de reparación administrativa –cuyas entregas de dinero empezaron en julio–, la creación de un programa de reparaciones colectivas y la viabilidad de un mecanismo de restitución de tierras usurpadas. El libro incluye, además, siete capítulos sobre experiencia comparada, elementos conceptuales y evaluación de políticas públicas.
El trabajo de campo de la investigación constó de entrevistas y grupos focales, en los que participaron unas 300 personas, entre víctimas, familiares y organizaciones acompañantes, en las siguientes comunidades: Bojayá (Chocó), Trujillo (Valle), Medellín (Antioquia), Granada (Antioquia) y comunidades afrocolombianas e indígenas de Chocó. Los primeros cuatro grupos tienen en común haber formado parte de programas colectivos de reparación, haber recibido medidas de ayuda humanitaria o haber sido beneficiadas con inversión social focalizada a raíz de graves violaciones de los derechos humanos.
Estas son algunas de las principales conclusiones del libro:
- Ayuda humanitaria no es reparación: Una de las principales conclusiones es que definitivamente las víctimas no ven la atención humanitaria como medidas de reparación. Eso explica porqué grandes inversiones como la reconstrucción de Bojayá (que implicó el gasto de más de 30 mil millones de pesos) o el mismo programa de Atención Humanitaria por Muerte (Ley 418 de 1997), que ha implicado la inversión de 400 mil millones de pesos, no logran hacer sentir a las víctimas como reparadas. Para la mayoría de las víctimas se trata de inversión social que el Estado debería garantizarles a toda la población y, por consiguiente, no las ven como verdadera reparación. En ese sentido, la investigación corrobora y hace hincapié en una situación que suele obviarse cuando se diseñan programas de reparación en Colombia: las víctimas en el país son, en su mayoría, personas en situación de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas. Muchas además provienen de un contexto rural y han sufrido desplazamiento forzado. Por lo tanto, un programa de reparaciones exitoso debe ir más allá de cumplir las obligaciones esenciales del Estado. Pese a esto, la experiencia estatal con los programas de ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia puede ser útil para la estructuración de un genuino programa de reparación.
- No se consulta a las comunidades: las medidas de reparación colectiva que se han implementado se han caracterizado por desconocer lo que las comunidades realmente perciben como reparador. No ha habido en general consultas suficientes con las víctimas, y por esa razón muchas de las iniciativas para resarcir el daño terminan por generar tensiones en lugar de ayudar a superarlas. Un ejemplo de esto es la exclusión de grupos de víctimas mediante criterios poco claros, como no vivir en el lugar donde ocurrieron los hechos en el momento en que se asigna la reparación (caso Trujillo) o ser familiar de una víctima que, a criterio de quien tramita la solicitud, estaba vinculada a un actor armado ilegal (caso Granada). Otros ejemplos son los planes de vivienda que desconocen la realidad de cómo vive una familia en cada región (Bojayá y Trujillo); la priorización de la entrega de sumas de dinero en lugar de medidas simbólicas o colectivas, lo que se conoce como “pagar el muerto” entre víctimas de lugares como Granada; la creación de proyectos productivos con grupos de víctimas que no tienen suficiente capacidad para asumirlos (Medellín), y la asignación de viviendas o beneficios en salud o educación a la población en general en lugar de centrarlas en quienes fueron afectados directa o indirectamente por las violaciones que se pretenden reparar (Bojayá y Trujillo, por ejemplo).
- El Estado colombiano lleva 10 años discriminando a las víctimas de agentes del Estado para efectos de la ayuda humanitaria por muerte: otra conclusión producto del análisis de los programas de atención a víctimas existentes es que no es recomendable discriminar a las víctimas (como ocurre con las del Estado o las de desaparición forzada) pues esto impide la recuperación de la confianza en las instituciones. Aunque el texto de la Ley 418 no excluye expresamente a las víctimas del Estado, existe una práctica de las agencias encargadas de no conceder la ayuda humanitaria a las víctimas de agentes estatales. Esta misma exclusión se refleja de manera explícita en relación con las víctimas del Estado en la entrega de reparación administrativa.
- Reparación como solidaridad, no como reconocimiento: En todos los casos, el equipo de investigación se encontró con testimonios de víctimas que dicen haber recibido la reparación o la ayuda humanitaria por muerte como un acto de caridad del Estado o, incluso, de funcionarios en particular. Los mensajes institucionales se han caracterizado por equiparar la ayuda humanitaria y las responsabilidades del Estado para con todos los ciudadanos con las medidas de reparación. En Granada, por ejemplo, la víctima promedio ha interiorizado el mensaje de que los beneficios que recibe son una “colaboración”, en la medida en que ella no es sujeto de derechos sino merecedora de ayuda.
A esta confusión ha contribuido el carácter de ‘reparación’ que se les ha querido dar a los programas de atención a víctimas, que han sido útiles para atenderlas, pero su transformación en medidas de reparación es problemática, porque no va acompañada de un mensaje de reconocimiento de responsabilidad.
- Reparación sí, pero acompañada de justicia: os estudios de caso realizados en Villatina, Trujillo, Bojayá, Granada (Oriente antioqueño) y con comunidades étnicas del Chocó demuestran la fuerte demanda de las víctimas de que se investigue, juzgue y sancione a los culpables. Las víctimas reclaman que haya “responsabilización” social de todos los que participaron en los crímenes, tanto los autores materiales como quienes los auspiciaron y promovieron. Las víctimas también reclaman justicia distributiva y que las medidas reconozcan la identidad cultural.
Estos argumentos se evidencian en mayor medida en lugares como Trujillo y Villatina, donde ha habido comisiones de esclarecimiento e intervención de entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han llevado al establecimiento de responsabilidades estatales e incluso individuales, pero esto no ha significado que los responsables hayan pagado por sus crímenes.
Para leer el libro, descarguelo aquí [PDF - 3 Mb].
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