Junio
2009
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Doña María del Carmen Celis es la mamá de David Suspes, el chef de la cafetería de Palacio desaparecido en los hechos. Doña Carmen pide desde hace más de 23 años saber la verdad sobre lo que sucedió y el paradero de su hijo. En esta foto, en una manifestación silenciosa con las imágenes de los desaparecidos, a las afueras de los juzgados donde se adelanta el juicio contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega
Foto: ICTJ Colombia

COLOMBIA

El caso de Palacio también avanza en la justicia penal

De manera paralela a las investigaciones que adelanta la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, avanzan en la Fiscalía los procesos penales contra militares presuntamente involucrados en las desapariciones. La lucha de las víctimas por la verdad, la justicia y la reparación continúa: una espera que en noviembre cumple 24 años.

El 6 de noviembre de 1985 comenzó el calvario de María del Carmen Celis. Estaba sola en su casa en el sur de Bogotá cuando se enteró de la toma del Palacio de Justicia. “Inmediatamente yo pensé: ¡Mi hijo! ¡Mi hijo, Dios mío!”, dice la señora de 77 años, parada junto a la entrada de los juzgados especializados de la calle 31, en el centro de Bogotá.

David Suspes, uno de sus ocho hijos, de 26 años, era el chef de la cafetería del Palacio. Llevaba un año trabajando allí, y es una de las 11 personas que habrían salido con vida del lugar y hoy siguen desaparecidas. De él, como de los demás, no se sabe su paradero.

María del Carmen procura no faltar a ninguna diligencia de los juicios contra los acusados por los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio, entre ellos el del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, aunque últimamente las esperas han sido en vano: entre cambios de abogados, recusaciones y otras solicitudes, este año el proceso no ha avanzado según lo esperado.

“Uno piensa una cosa, piensa la otra, cómo murió, cómo lo mataron, qué pasó con él. Los unos dicen una cosa, los otros dicen otra. No sabe uno a qué atenerse y andando aquí en esta trifulca es terrible”, agrega.

Ella fue la persona que salió tumbada en el suelo en las imágenes de televisión del 5 de mayo pasado, cuando, en ese mismo sitio, el coronel Plazas la empujó y le dijo “que fuera a preguntarle por los desaparecidos al M-19… Eso fue muy duro”.

Aunque el caso de Plazas es el más sonado ante los medios de comunicación, por la desaparición de las 11 personas hay otros siete agentes del Estado procesados, entre ellos dos generales –Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Brigada 13 del Ejército, e Iván Ramírez, ex comandante de Inteligencia y Contra Inteligencia– y cinco ex integrantes del extinto organismo de inteligencia B2 –que quedaron libres en octubre pasado por vencimiento de términos, pero cuyo juicio sigue avanzando–.

Todo hace parte de un mismo proceso que empezó en 2005 cuando el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán se lo asignó a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela Buitrago. El primero en ser llamado a juicio, el año pasado, luego de que la Fiscalía encontrara pruebas suficientes, fue Plazas Vega.

Una estrategia tras otra

Durante lo que va de 2009, el juicio de Plazas no avanza por distintas razones: cambio de abogados, solicitud de revisión para que el caso pasara a la justicia penal militar y recusaciones contra la juez y la fiscal que llevan el caso.

Para las víctimas, el temor es que se repita lo que ocurrió en octubre del año de 2008, cuando transcurrió medio año para que se decidiera si el caso de cinco ex integrantes del B2 también procesados por los hechos del Palacio debía quedar en manos de una juez especializada o de una juez del circuito, y cuando esta última finalmente llamó a audiencia preliminar, estas personas quedaron libres por vencimiento de términos. Aunque sus casos siguen –este año se empezaron a practicar pruebas y más de 200 testimonios, que podrían alargar el proceso al menos hasta 2010–, no se les puede detener hasta tanto no haya una condena.

Sin embargo, esto no ocurriría con Plazas, porque los retrasos que ha habido son responsabilidad de la defensa y no de la juez. A su vez, la desaparición forzada, el delito por el que se juzga al coronel retirado –y a las demás personas vinculadas al caso– no prescribe, es decir, no tiene un plazo máximo para ser juzgado, por lo que los retrasos tampoco le darían ventajas a Plazas en ese sentido.

Lo que sí se ve posible es que, con la salida del Fiscal General en agosto próximo, a la fiscal Ángela Buitrago –que es de libre remoción– la retiren del proceso.

De todos modos, ya han cambiado los plazos calculados inicialmente cuando se esperaba que para marzo se dictara una sentencia.

Se mueve en la Comisión Interamericana

El caso del Palacio de Justicia no sólo avanza en la justicia ordinaria colombiana y de la mano de organismos no jurisdiccionales como la Comisión de la Verdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos espera desde julio de 2008 que el Estado colombiano le haga llegar sus alegatos finales a una petición que interpusieron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) por algunos de los hechos del Palacio. El plazo, que era inicialmente de dos meses ya se ha pospuesto varias veces y no se conoce cuándo se presentarán dichos alegatos.

La petición tiene que ver con la desaparición de 12 personas (incluida Ana Rosa Castiblanco, cuyo cadáver fue identificado en 2000), las torturas a que fueron sometidos algunas de las personas que salieron con vida del edificio y la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, quien, según se supo en 2007 a raíz de un video, no murió en el Palacio sino que salió con vida acompañado de la fuerza pública y luego apareció muerto de un disparo.

La Comisión revisa si envía el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Por ahora, sin embargo, para los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia todo se limita a esperar, dice Héctor Jaime Beltrán, otra de las personas que va siempre a las diligencias. Su hijo, llamado como él, también tenía 28 años y era mesero en la cafetería del Palacio de Justicia.

Beltrán suele ser muy silencioso, pero el 19 de mayo pasado, cuando después de esperar a la entrada de los juzgados se enteró de que no iba a haber audiencia porque Plazas recusó a la juez y la fiscal, no se pudo contener: “Siento desilusión, indignación, frustración, dolor de ver cómo funciona la justicia para con ciertas personas, sobre todo con los militares, que no son todos. El ejército Nacional es muy respetable y en su gran mayoría son honestos, probos y cumplidores de su deber, pero no todos”, dijo ese día.

Tampoco hubo audiencia el 23 de junio. Aunque a comienzos de mes el Tribunal Superior de Bogotá había resuelto en contra la recusación contra la juez, la defensa de Plazas interpuso una nueva. La reanudación del juicio sigue en espera.


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