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COLOMBIA
Por primera vez en 23 años, protagonistas de los hechos de Palacio de Justicia, juntos en un ejercicio de esclarecimiento
La Comisión de la Verdad se reunió con Jaime Castro, el general (r) Juan Salcedo Lora y Vera Grabe para recoger sus versiones sobre lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985. Hablaron de los desaparecidos, de las razones que tuvo cada parte –guerrilla y Estado– para hacer lo que hizo, y demostraron que puede existir un diálogo abierto, pese a la diferencia en las posturas.
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Pasaron más de 23 años antes de que tres personajes clave de la época de los hechos del Palacio de Justicia se sentaran a la misma mesa a discutir qué pasó durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, qué consecuencias tuvieron los hechos para el país y si es momento para hablar de reconciliación.
A la cita de cuatro horas, que se transmitió en directo por Internet, llegaron Jaime Castro, ministro de Gobierno de la época; Vera Grabe, antropóloga y ex integrante del Movimiento 19 de abril (M-19), y el general retirado del Ejército, Juan Salcedo Lora. Se reunieron con la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, conformada por el actual presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla, y los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera Vergara.
Cada uno defendió su punto de vista sobre las versiones que se han tejido a lo largo de dos décadas sobre la toma y retoma del Palacio: por ejemplo, que hubo patrocinio del narcotráfico para que el M-19 emprendiera la toma, que el presidente Belisario Betancur no tuvo poder de mando durante los operativos de recuperación del Palacio o que durante los hechos del Palacio hubo censura de prensa para evitar que los medios cubrieran los hechos mientras sucedían y accedieran a entrevistas con víctimas, así como también el tema más duro para los familiares de las víctimas: qué pasó con los 12 desaparecidos.
Tras este diálogo público, que se desarrolló en un clima de mutuo respeto, la Comisión aseguró que es necesario que el país reconozca lo que ocurrió en el Palacio de Justicia y se asuman responsabilidades políticas e institucionales como primeros pasos para avanzar en la reconciliación.
Esta charla con la Comisión formó parte de la segunda serie de eventos públicos con miras a la presentación del informe final sobre los hechos del Palacio, que se prevé para el próximo noviembre. El día anterior, los comisionados presidieron un panel académico y conversaron con Enrique Parejo, ex ministro de Justicia; Alfonso Gómez Méndez, ex procurador, y Juan Manuel López Caballero, autor del libro
El Palacio de Justicia: ¿defensa de nuestras instituciones?
Las razones de cada lado
Al comienzo de la discusión, Vera Grabe aseguró que se debe “desnarcotizar” el tema del Palacio de Justicia, es decir, que no es cierta la versión de la supuesta financiación de narcotraficantes para hacer la toma: “Es falso y además le quita el sentido político y no permite construir una verdad. Hay que poner en el plano político ese hecho con todos sus horrores y todos sus efectos y así podremos construir reconciliación. El origen de esa toma fue político”, dijo Grabe.
Ante esto, Jaime Castro respondió que, contrario a lo que sostuvo Grabe, “es un elemento bien importante en el análisis de lo que pasó en el Palacio de Justicia: qué papel jugó el narcotráfico en el asalto. Ese es un tema inescapable”.
Para Grabe, de parte de la guerrilla la toma formaba parte de una lógica de poder y de confrontación con el Estado, mientras que de parte del Gobierno la respuesta se dio como una acción de defensa de las instituciones. El error de parte del M-19, dijo Grabe, fue que “no se pudo prever las consecuencias que iba a haber”, porque se esperaba que la reacción del Gobierno fuera igual a la que tuvo durante la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, cuando hubo una salida negociada.
Según Jaime Castro, el debate alrededor de la respuesta desproporcionada de la fuerza pública –con, entre otras armas, seis tanques de guerra– y de la supuesta inacción del entonces presidente Belisario Betancurha estado marcado por afirmaciones sin sustento: “El Gobierno ordena el operativo militar. Eso es claro. Es más, la fuerza pública no necesitaba autorización del Gobierno para poder actuar: es su deber”. Y agregó: “Belisario (Betancur), con sus ministros, delibera a las 4 de la tarde sobre si se suspende o no la acción militar, y el Gobierno decide no suspenderlas. Usted me puede decir se equivocó el gobierno, eso lo debatimos nosotros, pero eso fue objeto de deliberación”.
En ese sentido, ante la afirmación de Vera Grabe sobre la expectativa del M-19 de que la toma se resolviera por medio de la negociación, el general Salcedo Lora agregó que el operativo militar era “impredecible”, porque “todo depende de la fuerza que esté allá dentro”. Según su versión, “para entrar al Palacio se protegen los soldados detrás de los tanques y se utilizan las armas que la situación aconseja (…) ¿Por qué no se utilizó el mecanismo de la Embajada? Porque no se emitió la orden del gobierno para actuar en la Embajada, pero la operación estuvo prevista y hubiera sido una operación de 20 a 30 segundos”.
Sobre la supuesta censura de prensa, Jaime Castro afirmó que la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, sí llamó a varios medios de comunicación “a pedir que le bajaran el tono para no agravar más la situación que se estaba viviendo”, pero nunca con la intención de censurar la información.
‘Está probado que hubo desaparecidos’
El general Salcedo Lora puso sobre la mesa su versión sobre la desaparición de 12 personas (una de ellas, Ana Rosa Castiblanco, fue identificada en 2000). Según él, no está plenamente probado que personas hayan sido víctimas de desaparición y que, por lo tanto, el proceso en el que están siendo investigados once militares de la época carece de sustento, porque entre otras razones en el momento en que ocurrieron los hechos del Palacio no estaba tipificada la desaparición como delito.
“Todos los militares que participamos en la década de 80 y 90 estamos mirando hacia arriba la espada de Damocles, porque nos puede caer encima en cualquier momento y nos pueden llamar a juicio. Hay una justicia vengativa que se aparta de la verdadera justicia”, dijo.
Para Salcedo, “los restos que se sacaron del Palacio nos pueden dar unas sumas que nos pueden llevar a la conclusión de que no hay desaparecidos”, lo que de inmediato el comisionado Nilson Pinilla refutó: “Es absolutamente evidente que al menos tres personas fueron identificadas saliendo vivas del Palacio de Justicia, acompañadas de miembros de las Fuerzas Armadas, y de esas personas nunca se volvió a saber. Además, otra persona, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán se ve saliendo vivo acompañado de las Fuerzas militares y luego su cadáver aparece en el interior del Palacio de Justicia”
¿Es posible la reconciliación?
Tanto Vera Grabe como Jaime Castro y el general Salcedo Lora dijeron ver viable una reconciliación de los actores que intervinieron en los hechos con sus víctimas. “Hay que aprender de esa experiencia, porque la reconciliación no depende solo de un actor. Debe ser casi una decisión de estado que comprometa en conjunto a la sociedad y es fundamental cultivar la memoria. De Colombia se dice que no tiene memoria y creo que el esfuerzo de cultivar la memoria no para mantener heridas sino para sanar es fundamental. Este es uno de muchos eventos sobre los cuales tenemos que aprender”, apuntó Vera Grabe, quien recordó que, en 1995, los desmovilizados del M-19 hicieron un acto de petición de perdón por la toma del Palacio.
Según el general Salcedo, “el Estado debe pedir perdón, porque es el Estado el que firma ante la comunidad internacional un pacto de respetar y hacer respetar los derechos de las personas”. Por su parte, Castro estuvo de acuerdo en que se hagan acciones de reconocimiento de responsabilidades, pero no paralelas a investigaciones judiciales, pues “anticiparse con actos de perdón o reconciliación es en cierta medida presionar a la justicia indebidamente”, dijo.
Para los familiares de los desaparecidos, es prematuro hablar de reconciliación cuando no hay verdad, no conocen el paradero de sus seres queridos y no hay una asunción clara de responsabilidades.
Al final del evento, el comisionado José Roberto Herrera, aseguró que pese a lo que piensan muchas personas, la verdad sobre los hechos de Palacio no está plenamente establecida y es necesario profundizar en las causas, hechos y consecuencias, con la participación de todas las víctimas.
“El objetivo fundamental de hoy –concluyó el comisionado Herrera–, más que establecer responsabilidades, era sentar las bases de indagar una posible reconciliación sobre estos temas si hay voluntad. Es un proceso arduo y difícil en que las víctimas tienen que estar sentadas en esta misma mesa (…) Nuestro propósito final es que Colombia no se convierta en un gran Palacio de Justicia, sino que haya un Estado que proceda legítimamente”.
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