Foto: Cortesía El Tiempo.
COLOMBIA
El fracaso de la ley de víctimas, una oportunidad perdida que obliga a implementar y fortalecer las normas ya existentes
El archivo del proyecto de ley que pretendía crear un estatuto para proteger los derechos de las víctimas enterró dos años de esfuerzo político y organizativo, pero no deja desprovistas a las víctimas de un marco de protección. Colombia cuenta con mecanismos para cumplir este propósito y el Estado debe concentrarse en aplicarlos y mejorarlos.
A pesar de los dos años de tránsito por el Congreso –lo máximo estipulado para que una iniciativa sea aprobada o archivada–, diez audiencias públicas en igual número de regiones para conocer su opinión sobre el proyecto, y movilizaciones y análisis alrededor del tema, las víctimas prefirieron no tener ley a contar con una que consideraban regresiva, discriminatoria y excluyente, como la que salió de la Cámara de Representantes.
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La razón: al sumar los beneficios para las víctimas y al restar los perjuicios, el saldo era negativo, de acuerdo con la mesa de trabajo sobre el proyecto conformada por varias organizaciones sociales. Las leyes vigentes protegen más de lo que lograría, de ser aprobado, el proyecto de ley en su última versión.
La propuesta, presentada en 2007 ante el Senado por el Partido Liberal, buscaba crear un estatuto que cobijara a víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento, torturas, masacres, reclutamiento ilícito y violaciones a la libertad y dignidad sexual. Para eso, incluía medidas tanto materiales y económicas como simbólicas para resarcir el daño.
No se dio el debate
El mayor reclamo de las organizaciones de víctimas es que ni la propuesta original ni la que radicó la coalición de Gobierno en la Cámara –y que finalmente se aprobó– merecieron la suficiente atención del Congreso ni calaron en el debate público, además de que se pasaron por alto las conclusiones de las audiencias públicas, que recogían las necesidades de las víctimas. Así mismo, se hicieron modificaciones que, a la larga, iban en contra de la jurisprudencia y normatividad sobre el tema establecidas por instancias como la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En los últimos meses, la Corte Constitucional, por ejemplo, exigió al Estado “subir el estándar” de lo que debe ser un programa integral de reparaciones a las víctimas del conflicto, según Paula Gaviria, directora del área de derechos humanos de la Fundación Social. Se trata de varias sentencias y autos sobre temas como restitución de tierras y la diferencia entre servicios sociales, asistencia humanitaria y reparación. En ellos, el alto tribunal pide respuestas integrales a las víctimas y exige al gobierno trazar nuevas políticas sobre estos temas.
Entre los cambios que se hicieron al proyecto para volverlo insostenible a la luz de las normas y la práctica internacionales están: la noción de reparación no por responsabilidad estatal sino por solidaridad; la asistencia humanitaria entendida como parte de la reparación; la reparación de las víctimas de agentes del Estado mediante un proceso judicial y no por vía administrativa; y la restitución de bienes inmuebles (como fincas o casas) pero no los muebles (como ganado o vehículos), entre otros.
El Congreso tampoco tuvo en cuenta las voces de personas como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, para quien “es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley, las víctimas tanto de actores estatales como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad”. Tampoco tuvo eco el mensaje de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay: “Solamente si el derecho de todas las víctimas de acceder al programa de reparación sin discriminación alguna es cumplido, la paz y la reconciliación podrán instaurarse”.
Así mismo, instituciones como el ICTJ, basadas en su experiencia internacional, insistieron durante todo el trámite en que las reparaciones, para ser una medida genuina de justicia, deben expresar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y articularse con otras iniciativas de justicia transicional como el esclarecimiento histórico, el acceso a la justicia y las reformas de las instituciones para que los hechos de violencia no se repitan.
Al final, la supuesta insostenibilidad financiera de las medidas establecidas por la ley que finalmente concilió el Congreso fue el punto que apuntaló la caída del proyecto. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, la ley conciliada costaría 75 billones de pesos, mientras la versión promovida por el mismo Gobierno en la Cámara valdría 52 billones menos.
¿Eran tantos los beneficios?
Tras la aprobación en plenaria de la Cámara, buena parte de las medidas que incluía el texto como reparación resultaban similares o menos favorables para las víctimas que aquellas aprobadas en leyes como la 975 de 2005 –que ordena crear el fondo de reparación administrativa– y la 418 de 1997, incluso a pesar de que esta última no incluye beneficios para los afectados por la violencia a manera de reparación sino como asistencia humanitaria.
Asimismo, en el caso de las víctimas de agentes estatales, con o sin ley éstas pueden interponer acciones judiciales para resarcir el daño causado: la cuestión es que este mecanismo toma mucho más tiempo que una eventual reparación administrativa.
El proyecto llegó, incluso, a poner más requisitos al recorrido administrativo que ya tienen que hacer las víctimas para valer sus derechos y le agregaba al Estado la responsabilidad de crear una estructura administrativa para atender a las víctimas del conflicto sin haber sentado las bases para definir de dónde provendrían los recursos, cómo se manejarían y cuánta independencia tendría esa infraestructura.
Por eso, el fracaso de la ley plantea el reto de aplicar, mejorar y fortalecer las normas y el marco institucional ya existentes para garantizar la protección, asistencia humanitaria y reparación de las víctima, que no sólo deben estar en el centro del debate legislativo y mediático sino de la acción y voluntad política del Estado con el fin de ejecutar medidas tendientes a realizar sus derechos.
Así mismo, es importante aprender de las lecciones que dejó el trámite fallido de la ley en sus dos años y reconocer que con este desenlace se perdió una gran oportunidad para recuperar y construir confianza con las víctimas.
La presentación de una nueva ponencia sobre este tema para la nueva legislatura que empieza el 20 de julio plantea la necesidad de corregir los errores que dejó el trámite en estos dos años, pero sobre todo obliga a hacer una pregunta de fondo: ¿están dadas las condiciones políticas para aprobar un proyecto distinto al que se aprobó en las comisiones de Cámara y Senado antes del archivo final del proyecto?
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El ICTJ presenta su serie de hojas informativas, una herramienta concisa y clara con información sobre distintos temas de justicia transicional como iniciativas de persecución penal, programas de reparaciones, verdad y memoria, y experiencia comparada con casos de distintos países en el mundo.
Eventos
- JULIO 3, 2009
Lanzamiento del Salón del Nunca Más para las víctimas de Granada (Antioquia)
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El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos ocurridos en el pasado. El Centro actúa en sociedades que emergen de gobiernos autoritarios o de conflictos armados, en el esfuerzo por consolidar la institucionalidad democrática.
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- Edición N°5 - Marzo 2009
- Edición N°4 - Octubre 2008
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- Edición N°2 - Mayo 2008
- Edición N°1 - Marzo 2008
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